De acuerdo con nuestra ingeniería constitucional, el Poder Judicial se ocupa de resolver casos concretos en los que las partes tienen intereses contrapuestos.

A su vez, la Constitución determina en sus artículos 116 y 117 los casos en que la Corte Suprema actúa por competencia originaria (quien demanda recurre directamente a la Corte, no por apelación de la decisión de un tribunal inferior a ella).

La propuesta de una jurisdicción originaria en abstracto consiste en crear una acción consultiva o declarativa por la cual se consulta a la Corte Suprema directamente sobre la constitucionalidad de una norma (“en abstracto”, es decir, sin un caso concreto).

Es importante notar que no es un instituto ajeno a nuestra práctica, ya que existe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En efecto, la Constitución de la CABA establece en su art. 113 (reglamentado por la ley nro. 402) una acción originaria por ante su Tribunal Superior de Justicia en virtud de la cual cualquier habitante de la CABA puede cuestionar la validez constitucional de una norma local de forma abstracta y sin necesidad de contrapartes. La resolución del Tribunal tiene efectos generales y, si declara la invalidez de una ley, se prevé un sistema de reenvío a la Legislatura a fin de que ésta acepte el fallo o, en cambio, la ratifique por medio del voto de dos tercios de sus miembros presentes (lo cual no implica que la ley luego pueda invalidarse en un caso concreto).

Por otra parte, en 2020 una acción parecida cobró notoriedad a partir del caso “Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación s/ acción declarativa de certeza” en el que la Vicepresidenta Fernández de Kirchner requirió a la Corte que se expresara acerca de la validez constitucional de las sesiones virtuales del Senado de la Nación.