De acuerdo con el plan original de nuestra Constitución, la Corte Suprema debía analizar, en última instancia, casos en los que se pusiera en cuestión alguna cláusula constitucional.

Sin embargo, con el correr de los años la Corte modificó parcialmente su rol. En efecto, en el fallo “Rey contra Rocha” de 1909, la Corte comenzó a tratar la decisión de un tribunal que carece de fundamentos como una cuestión que viola el derecho constitucional a la defensa. Esto dio lugar al nacimiento de la “doctrina de la sentencia arbitraria”, la que habilita llegar a la Corte a casos en los que no se discuten cuestiones constitucionales sino, por ejemplo, problemas de derecho común (civil, comercial, penal, laboral, etc.), en los que el Tribunal inferior habría resuelto sin una fundamentación suficiente. De esta forma, el rol de la CSJN como Tribunal de arbitrariedad de sentencias multiplicó su carga de trabajo, demorando y resintiendo la administración de justicia.

En vistas a solucionar este problema, el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público analizó y recomendó la creación de un Tribunal Intermedio de Arbitrariedad de Sentencias que funcione como un Tribunal Superior de las Cortes Provinciales e inmediatamente inferior a la CSJN.