El certiorari es la atribución de la Corte Suprema para decidir, sin necesidad de fundamentación, rechazar casos que se le presentan. En la jerga se lo conoce como “artículo 280” (del Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el que se regula esta facultad). En la actualidad el Tribunal con la sola cita del artículo puede rechazar recursos que, a su juicio, plantean cuestiones que no tienen suficiente trascendencia o en las que la entidad de la supuesta violación constitucional no es suficiente.

Sin embargo, se ha criticado el instituto debido a la ambigüedad y vaguedad de los términos (agravio suficiente, cuestiones insustanciales, cuestiones carentes de trascendencia) en virtud de los cuales la CSJN puede rechazar los recursos y a que la Corte no necesita más que citar los artículos. Ello, se argumenta, podría conllevar una excesiva discrecionalidad en el actuar de la CSJN.

En consecuencia, entre las recomendaciones del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público se encuentra la de modificar el instituto del “280”, promoviendo que, en una etapa previa a la resolución del caso, la Corte deba resolver de manera fundamentada sobre la admisibilidad del recurso expresando, en caso de rechazo, los motivos por los cuales no hay un agravio suficiente o por qué se trata de cuestiones insustanciales o carentes de trascendencia.