El Procurador General es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal y tiene la posibilidad de diseñar la política criminal del conjunto de los fiscales (artículo 12 inciso a de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal), es decir, puede decidir qué delitos perseguir con mayor intensidad (y cómo hacerlo) y cuáles no. Más allá de un puñado de resoluciones orientadas a recomendar ciertas formas de administrar la persecución del delito, no hay documentos ni directivas formales y/o públicas donde conste la política criminal diseñada por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, las Unidades Fiscales y Procuradurías Especializadas creadas por los últimos procuradores generales podrían representar las temáticas delictivas que a la Procuración más le interesa que sean investigadas (por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, narcocriminalidad, criminalidad económica, violencia institucional, violencia de género, delitos ambientales, ciberdelincuencia, etc.). 

La intención de la reforma consistiría en lograr que el Ministerio Público Fiscal a cargo del Procurador General diseñe e implemente un plan integral y público de política criminal.