La formación de la abogacía arrastra una inercia de más de cien años. En efecto, la enseñanza está basada en los textos de los Códigos, memorista y no profesionalizada. 

La docencia no es profesional: quienes enseñan son abogados y abogadas, jueces y juezas, lo que redunda en que no existe suficiente producción académica, lo que impacta en la ausencia del derecho en la investigación académica (sólo el 0,4% de quienes investigan en el CONICET pertenecen a la carrera de Abogacía). Esta falta de investigación resulta en la ausencia de revistas jurídicas argentinas en los primeros 24 puestos de América Latina. Así, la práctica del derecho carece de un punto de vista externo, neutral, no comprometido con los intereses de la profesión y que pueda generar críticas y propuestas independientes. 

Pero la falta de docencia profesional sobre todo afecta en la formación de los futuros profesionales. El impacto de la constitucionalización del derecho, de la oralidad en los procedimientos y de la transición de sistemas inquisitivos a acusatorios, solo para nombrar algunos fenómenos nuevos del derecho, no han recibido la atención necesaria en las Facultades o en las escuelas judiciales. Destrezas tales como escribir, leer, hablar, persuadir, negociar, mediar, entrevistar, interrogar, probar hechos, argumentar, litigar y actuar éticamente carecen de espacio suficiente en los planes de estudio. Enseñar estas destrezas requiere tiempo, espacios áulicos, tecnología, y por lo tanto muchos docentes de tiempo completo. La falta de docencia profesional también impacta en la falta de materiales de enseñanza y de espacios de formación de formadores. 

En los jurados de los concursos de los Consejos de la Magistratura y en las escuelas judiciales o en los cursos de posgrado, el hecho de que profesionales que litigan den clase (y evalúen) a quienes van a decidir actual o potencialmente los casos de sus clientes genera problemas reales o aparentes de conflictos de interés. 

Para resolver estas y otras complicaciones asociadas, es necesario contar con una academia jurídica independiente. La evaluación y acreditación de facultades de derecho realizada en 2019 por la CONEAU por primera vez es un proceso que va en el camino correcto.