En la actualidad, las pruebas en el contexto de una investigación judicial las llevan a cabo las fuerzas de seguridad (en el ámbito federal y “nacional” de CABA, lo hacen la Policía de la CABA, la Policía Federal e incluso Gendarmería y Prefectura si correspondiere) que dependen del Poder Ejecutivo –ya sea Nacional o de CABA. Entonces los fiscales, para llevar adelante los procesos penales, quedan atados a otro Poder. 

Dicho esto, se propone que los fiscales, en la medida en que tengan a su cargo la persecución penal, cuenten con un cuerpo de investigadores que solo se dediquen a realizar las medidas de prueba, de una manera técnica, especializada e independiente del Poder Ejecutivo. El órgano que se encargaría de esto sería la todavía no existente Policía Judicial.

En Córdoba, Buenos Aires y CABA la creación de dicho órgano fue legislado y en algunos de ellos ya funciona. Sin embargo, en la órbita federal no hay ninguna propuesta oficial aunque sí existe un anteproyecto de autoría del Ministerio de Justicia (bajo la dirección del Ministro Garavano). La reforma aquí planteada también es parte de las Propuestas y recomendaciones del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.

No caben dudas que esta reforma solo es posible si se termina de implementar el sistema acusatorio en el que los fiscales asumirían la completa titularidad de la persecución penal.