El Consejo de la Magistratura fue introducido en nuestro sistema por la reforma constitucional de 1994. Sus misiones principales son la designación y remoción de magistrados y la administración del Poder Judicial (art. 114 CN). El Consejo nació en sistemas políticos en los que el Poder Judicial se concibe con un rol “técnico”, no político (en general en esos sistemas solo “aplica” la ley, sin analizar su constitucionalidad). En sistemas como el norteamericano (y como el nuestro en este aspecto) en los cuales hay control judicial de constitucionalidad, el proceso de selección y remoción de jueces y juezas requiere la participación de los poderes políticos en la medida en que aquel control se entiende como parte del sistema de frenos y contrapesos. La reforma de 1994 quiso abrevar en los dos sistemas y es así como tenemos aspectos técnicos y aspectos políticos en la forma de elegir y controlar a los miembros del Poder Judicial. 

La integración del Consejo ha resultado, de esta manera, un tema muy controvertido. Los constituyentes de 1994 optaron por delegar esta tarea en el Poder Legislativo y brindaron ciertas pautas: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley” (artículo 114 de la CN).

Es decir que el Consejo está integrado por 4 estamentos: políticos, jueces, abogados y académicos. Las leyes que modificaron la composición del Consejo propusieron formas diversas de interpretar “el equilibrio” entre los estamentos.

Una de las propuestas del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público consistió en que debería ampliarse la integración del Consejo de modo que cada uno de los 4 estamentos obtengan 1/4 de la representación.